El despido improcedente es una de las situaciones más delicadas que puede enfrentar un trabajador. Este se produce cuando la empresa no logra justificar adecuadamente los motivos del despido o no cumple con los requisitos legales establecidos en la normativa laboral española.
En este artículo te explicamos cuáles son los derechos del trabajador en estos casos y los pasos que debe seguir para impugnar dicha decisión, asegurando la protección de sus derechos.
¿Qué es el despido improcedente?
Según el Estatuto de los Trabajadores (Ley 1/1995, de 24 de marzo), un despido se considera improcedente cuando la empresa no justifica adecuadamente la causa alegada o no cumple con los requisitos formales exigidos por la ley. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si la razón que da la empresa para despedir al trabajador no está suficientemente probada, no es válida según la ley, o si no se sigue el procedimiento correcto para efectuar el despido, como la entrega de una carta de despido o el cumplimiento de los plazos de preaviso.
En España, se reconocen tres tipos de despido:
- Despido disciplinario: Ocurre cuando el trabajador comete una falta grave o muy grave, como el incumplimiento de sus obligaciones laborales, desobediencia, ofensas verbales o físicas, acoso, o embriaguez en el trabajo. Para que este despido sea procedente, la empresa debe demostrar con pruebas claras que la conducta del trabajador justifica la decisión.
- Despido objetivo: Este tipo de despido está motivado por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. También puede aplicarse si el trabajador no se adapta al puesto o si, tras un periodo de baja prolongada, el trabajador no puede reincorporarse. Para que el despido sea considerado procedente, la empresa debe probar que existen causas objetivas y justificar cómo afectan al negocio.
- Despido colectivo: También conocido como Expediente de Regulación de Empleo (ERE), afecta a un número considerable de trabajadores y se basa en las mismas causas que el despido objetivo, pero en mayor escala. Para llevarlo a cabo, la empresa debe seguir un procedimiento especial de negociación con los representantes de los trabajadores y las autoridades laborales.
Cuando el despido no cumple con los requisitos establecidos para cualquiera de estas modalidades, puede ser declarado improcedente por el Juzgado de lo Social.
Derechos del trabajador ante un despido improcedente
Si un tribunal declara que el despido es improcedente, el trabajador tiene derecho a optar entre dos opciones, según lo estipulado en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores:
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Reincorporación al puesto de trabajo:
Si el trabajador lo desea, puede ser readmitido en su puesto de trabajo, manteniendo las mismas condiciones laborales que tenía antes del despido. En este caso, la empresa deberá abonar los salarios de tramitación, que son los sueldos que el trabajador dejó de percibir desde la fecha del despido hasta la sentencia judicial.
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Indemnización económica:
Si el trabajador decide no volver a la empresa o si la empresa no acepta su reincorporación, este tendrá derecho a recibir una indemnización. Según la normativa vigente, esta indemnización asciende a 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
Es importante destacar que, en el caso de los contratos anteriores a la reforma laboral de 2012, la indemnización puede variar, ya que hasta entonces se calculaba en 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades. Para estos casos, se aplica un cálculo prorrateado: los días anteriores a la reforma (45 días) y los posteriores (33 días).
Pasos para impugnar un despido improcedente
Si el trabajador considera que su despido ha sido injusto o improcedente, debe seguir los siguientes pasos para impugnarlo:
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Revisión de la carta de despido
La empresa está obligada a entregar una carta de despido donde explique claramente las razones del mismo y las condiciones bajo las que se produce. Es fundamental leerla detenidamente, ya que de este documento depende la estrategia para la impugnación.
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Plazo de reclamación:
El trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles desde la fecha en que recibe la carta de despido para presentar una demanda ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). Es fundamental no dejar pasar este plazo, ya que, una vez transcurrido, se perderá el derecho a reclamar.
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Presentación de la papeleta de conciliación:
Antes de acudir al juzgado, es necesario presentar una papeleta de conciliación en el SMAC, lo que constituye un intento de resolver el conflicto de manera extrajudicial. En esta fase, la empresa y el trabajador pueden llegar a un acuerdo, evitando un juicio. Esta etapa es obligatoria y, en caso de que las partes no alcancen un acuerdo, se emitirá un acta de conciliación sin avenencia.
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Demanda ante el Juzgado de lo Social:
Si la conciliación no resulta exitosa, el trabajador puede presentar una demanda en el Juzgado de lo Social. En este punto, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho laboral para garantizar una adecuada representación y defensa. Durante el juicio, el juez valorará si el despido fue justificado o si, por el contrario, debe declararse improcedente.
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Sentencia judicial:
El juez emitirá una sentencia que determinará si el despido fue procedente, improcedente o nulo. En el caso de un despido improcedente, como hemos mencionado, el trabajador podrá optar entre la reincorporación o la indemnización.
Despido nulo vs. despido improcedente
Es importante no confundir el despido improcedente con el despido nulo. Un despido es considerado nulo cuando se vulneran derechos fundamentales del trabajador, como en casos de discriminación por razones de género, raza, religión o cuando el despido afecta a trabajadores en situaciones de especial protección (embarazadas, trabajadores en baja médica, etc.). En estos casos, el trabajador tiene derecho a ser reincorporado automáticamente a su puesto de trabajo, y la empresa está obligada a pagar los salarios de tramitación.
Por otro lado, el despido improcedente no necesariamente implica una vulneración de derechos fundamentales, sino que se refiere a un despido que no ha sido correctamente justificado o que no ha seguido los procedimientos legales.
En conclusión, el despido improcedente otorga al trabajador derechos importantes que le permiten protegerse frente a decisiones injustas por parte de la empresa. Para impugnarlo, es esencial seguir los pasos legales adecuados y actuar dentro de los plazos establecidos. Contar con el apoyo de un abogado laboralista puede ser clave para defender los derechos del trabajador y lograr una resolución favorable.