A veces, una empresa puede despedir a sus trabajadores alegando que está atravesando dificultades económicas. Esto se conoce como despido objetivo, y es una forma legal de reducir personal cuando la empresa no está obteniendo suficientes ingresos. Sin embargo, para que este despido sea válido, la empresa debe demostrar que realmente necesita hacerlo por dichos problemas financieros.
En este artículo, te explicamos de manera sencilla en qué consiste este tipo de despido, qué pasos debe seguir la empresa para justificarlo y qué puedes hacer si crees que tu despido no ha sido justo.
¿Qué es el despido objetivo?
El despido objetivo es un tipo de despido regulado por el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Este se caracteriza por ser una medida que toma la empresa cuando existen razones económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) que justifican la extinción del contrato de trabajo. A diferencia del despido disciplinario, que responde a un comportamiento del trabajador, el despido objetivo se basa exclusivamente en la situación de la empresa.
Asimismo, cuando la empresa alega causas económicas, debes saber que esto significa que está enfrentando problemas como pérdidas financieras, disminución de ingresos o ventas, o dificultades para obtener financiamiento. En cualquier caso, y conforme a la normativa vigente, la empresa debe demostrar cómo estos problemas afectan su estabilidad y por qué es necesario despedir a trabajadores para mitigar o corregir esta situación.
¿Cuándo puede la empresa alegar causas económicas?
Para que un despido objetivo por causas económicas sea válido, la empresa debe justificar de forma clara y documentada las razones que motivan su decisión. Según la ley, una empresa puede alegar causas económicas en los siguientes casos:
- Pérdidas actuales o previstas: Si la empresa ha registrado pérdidas durante un periodo determinado o prevé que las tendrá en el futuro, puede utilizar este argumento para justificar el despido.
- Disminución de ingresos o ventas: La empresa puede demostrar que sus ingresos o ventas han disminuido de forma continuada, lo que pone en riesgo su estabilidad financiera.
- Problemas de financiación: Dificultades para obtener crédito o financiamiento también pueden ser un argumento válido si afectan la capacidad operativa de la empresa.
Es importante que la empresa pueda demostrar con pruebas contables o financieras la existencia de estas causas económicas. De lo contrario, el despido podría ser considerado improcedente.
Derechos del trabajador ante un despido objetivo por causas económicas
Cuando una empresa justifica un despido por causas económicas, el trabajador no queda desprotegido. La ley establece una serie de derechos que deben ser respetados para asegurar que el proceso se realice de manera justa y transparente. Estos son:
- Indemnización: En caso de despido objetivo, el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Es importante tener en cuenta que esta indemnización es menor que la de un despido improcedente, pero está contemplada por la ley en estos casos.
- Preaviso de 15 días: La empresa debe notificar al trabajador con al menos 15 días de antelación sobre la extinción de su contrato. Si no se cumple este plazo, la empresa está obligada a pagar una compensación equivalente a los días no preavisados.
- Carta de despido: La empresa está obligada a entregar una carta de despido en la que detalle las causas económicas que justifican la decisión. Esta carta debe ser clara y concreta, explicando los motivos y la relación entre las dificultades económicas y la necesidad del despido.
- Permiso de 6 horas semanales: Durante el periodo de preaviso, el trabajador tiene derecho a un permiso retribuido de 6 horas semanales para buscar otro empleo.
¿Qué puede hacer el trabajador si no está de acuerdo con el despido?
Si el trabajador considera que las causas económicas alegadas por la empresa no son justificadas o no están debidamente probadas, puede impugnar el despido. Los pasos a seguir son:
- Revisión de la carta de despido: Es importante leer cuidadosamente la carta de despido para identificar si las razones alegadas son claras y están bien fundamentadas. Si la carta no especifica con detalle las causas económicas o no aporta suficiente documentación, el despido podría ser impugnado.
- Plazo de impugnación: El trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles desde la fecha de la notificación del despido para presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social. En este proceso, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado laboralista que defienda los derechos del trabajador.
- Posibilidad de conciliación: Antes de acudir al juzgado, el trabajador y la empresa pueden intentar llegar a un acuerdo en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). Si ambas partes logran un acuerdo, se puede evitar el juicio.
- Demanda judicial: Si no se alcanza un acuerdo en la fase de conciliación, el trabajador puede presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social. Durante el juicio, la empresa deberá probar que las causas económicas son reales y justificadas. Si el juez considera que el despido no está debidamente justificado, puede declarar el despido improcedente.
¿Qué pasa si el juez declara el despido improcedente?
Si el juez concluye que el despido no está justificado por las causas económicas alegadas, el despido será declarado improcedente. En este caso, el trabajador tiene dos opciones:
- Reincorporación: El trabajador puede solicitar su reincorporación al puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía antes del despido.
- Indemnización: Si el trabajador no desea reincorporarse o la empresa prefiere no readmitirlo, tendrá derecho a una indemnización mayor que la del despido objetivo, equivalente a 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
En conclusión, el despido objetivo por causas económicas es una medida legal que las empresas pueden tomar cuando atraviesan dificultades financieras, pero debe estar debidamente justificado. Los trabajadores tienen derecho a una indemnización y a impugnar el despido si consideran que las razones alegadas no son suficientes.